Durante la investidura de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre como presidente de México se realizaron manifestaciones de protesta en varias ciudades, incluyendo la Ciudad de México y Guadalajara.
Durante los disturbios que se produjeron algunos manifestantes realizaron actos violentos y la policía hizo uso excesivo de la fuerza, resultaron lesionados policías, manifestantes y transeúntes. En la Ciudad de México 70 personas permanecieron encarceladas durante 8 días acusados de delitos contra la paz, finalmente 56 de estas personas fueron liberadas el domingo 9 de diciembre al considerarse que no había evidencias para procesarlas y 14 permanecen detenidas. En Guadalajara 25 personas fueron detenidas y luego liberadas.
Según el Presidente de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la presión de las decenas de miles de firmas recogidas por Amnistía Internacional ayudó a la liberación de estas personas detenidas injustamente.
Las autoridades deben investigar los hechos de violencia pero respetando los derechos humanos. Deben asegurar procesos justos para las 14 personas que permanecen detenidas y garantizar su derecho a la presunción de inocencia, y a un proceso justo. Las evidencias del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, periodistas y transeúntes durante los disturbios deben ser investigadas de forma pronta, imparcial y exhaustiva.
No se defiende la ley violándola ni se hace justicia encarcelando inocentes.
