Inés Fernández y Valentina Rosendo son 2 mujeres indígenas me’phaa del estado de Guerrero violadas por integrantes del ejército en el año 2002. A la fecha la justicia les ha sido negada y sólo han recibido nuevas amenazas y agresiones en su contra.
Quines integran la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM), fundada en 2002 para defender y promover los derechos del pueblo indígena me’ phaa (tlapanecas), han hecho campaña para que se haga justicia en éste y otros casos de violaciones de derechos humanos, incluida la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998. sus miembros han sido blanco de una campaña concertada de acoso e intimidación. Han sufrido numerosos ataques y amenazas, incluido el asesinato de uno de sus líderes y el encarcelamiento de varios de sus miembros.
Amnistía Internacional ha documentado los ataques y amenazas contra algunos de ellos y ha hecho campaña para liberar a los miembros de la organización nombrándolos presos de conciencia. Actualmente Raúl Hernández permanece injustamente en prisión.
El mes pasado el Congreso de la Unión mexicano lanzó un exhortó a la PGJ del estado de Guerrero, a través de un punto de acuerdo, para revalorar la supuesta culpabilidad de Raúl. Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) conocerá el caso de Valentina en la audiencia pública en San José, Costa Rica.
Estimado Presidente Calderón,
Le escribo para expresar mi preocupación sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron violadas por miembros de las fuerzas armadas en 2002. Estos elementos nunca han sido llevados ante la justicia.
Mientras los casos sigan dentro de la jurisdicción militar, éstos no serán investigados a fondo ni de manera imparcial, a los responsables no se les procesará ni sancionará adecuadamente, negando con ello la justicia a las mujeres.
Le pido a usted que, además de demostrar su compromiso con la protección de sus ciudadanos, tome medidas inmediatas para garantizar que los casos se transfieren a las autoridades civiles apropiadas.
Es importante garantizar que los autores de estas violaciones sean llevados ante la justicia a través del sistema de justicia civil y que a las víctimas se les dé una adecuada reparación de daños.
Confío en que usted tomará las medidas convenientes para garantizar a las comunidades indígenas del país y las y los ciudadanos preocupados por estos acontecimientos que los actos mencionados no se repetirán.
Espero su pronta respuesta, como señal de que está usted escuchando mi voz que se une a la miles de personas, organizaciones y organismos internacionales que piden que la jurisdicción militar sea revisada para juzgar a militares ante tribunales civiles cuando estos cometan delitos contra civiles.
Atentamente,