El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El ejercito arrestó a los cinco integrantes de la OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalando habitualmente en la zona. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna se ha ejecutado.
El juez federal denegó el amparo a Raúl Hernández alegando que dos testigos habían declarado que estaba presente en el momento del crimen. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato.
Amnistía International ha documentado un patrón de hostigamiento e intimidación en contra de miembros de organizaciones que defienden los derechos indígenas en el estado de Guerrero como la OPIM desde hace muchos años. Ayuda a pedir la liberación de Raúl Hernández quien se encuentra detenido bajo cargos fabricados.
Fernando Gómez Mont
Secretaría de Gobernación
Estimado Señor Secretario,
Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento el agrado con el que recibí la noticia de la positiva decisión del gobierno mexicano de retirar los cargos penales contra los defensores de los derechos humanos de la OPIM, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, y Romualdo Santiago.
Sin embargo, quiero externar mi preocupación sobre la detención prolongada de Raúl Hernández, aun cuando no hayan sido presentadas nuevas pruebas en su contra.
Amnistía Internacional enfatizó en Febrero que se negó a Raúl Hernández el amparo por parte del juez federal porque dos testigos dijeron que estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato. Raúl Hernández ha apelado la decisión que le negó el amparo.
Al mantener en prisión al último defensor de los derechos humanos indígena de la OPIM bajo cargos fabricados, las autoridades mexicanas no están cumpliendo los compromisos de derechos humanos que hicieron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el mes de febrero.
A través de esta carta pido con insistencia al Estado Mexicano que prosiga sus esfuerzos positivos para el respeto del derecho nacional e internacional, poniendo en libertad inmediata a Raúl Hernández, preso de conciencia, injustamente mantenido en prisión desde casi un año.
Atentamente,